La Comisión de Transparencia, de conformidad con los artículos 59) y 66 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; 2 y 3 del Reglamento General de Comisiones de la Corte Suprema de Justicia; es una comisión especial mixta del Poder Judicial, creada con el objetivo de brindar criterio técnico jurídico y servir de apoyo en las decisiones que adopte Corte Plena, como órgano de mayor jerarquía del Poder Judicial, en materia anticorrupción y de integridad pública. También se encarga de brindar acompañamiento y supervisión en acciones que impactan el buen gobierno judicial.
La Comisión de Transparencia, se encuentra conformada por personas jerarcas de Corte Plena, la Dirección del Organismo de Investigación Judicial, la Fiscalía General del Ministerio Público, la Jefatura de la Defensa Pública, la Dirección del departamento de Planificación, la Presidencia del Tribunal de la Inspección Judicial, representación del Consejo Superior y la Jefatura de la oficina de Control Interno.
Las sesiones ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Transparencia se rigen por lo establecido en el Reglamento General de Comisiones del Poder Judicial" aprobado por Corte Plena en sesión N° 52-2022, celebrada el 17 de octubre de 2022, artículo XXIX
En el marco de la cooperación internacional, uno de los principales colaboradores del Poder Judicial, en el combate de la corrupción y la promoción de la probidad en el ejercicio de la función pública, es la Embajada de los Estados Unidos de América. Como parte de las labores conjuntas, se implementó el “Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad Humana Institucional en el tema de Detección de Fraude o Corrupción y Métodos Anticorrupción”, el cual fue encomendado al National Center for State Courts. En el desarrollo de este proyecto ha existido una participación activa de la Comisión de Transparencia y de otros actores, como lo son la Oficina de Control Interno, Transparencia y Anticorrupción; la Auditoría Interna y la Secretaría Técnica de Ética y Valores. Dentro de este proyecto de cooperación se han generado dos productos de gran relevancia: I) Un diagnóstico institucional de “Riesgos asociados al proceso penal en casos de corrupción en el Poder Judicial”, cuyo objetivo fue determinar la existencia de falencias en las fases de investigación, dirección funcional o enjuiciamiento, en las investigaciones penales relacionadas con hechos de corrupción. La finalidad de este diagnóstico es generar insumos que permitan efectuar un abordaje más eficiente de las investigaciones, a través de la coordinación interna de los actores que intervienen en las diferentes etapas del proceso penal. II) También se efectuó un diagnóstico sobre la “Brechas de riesgo y buenas prácticas en torno a la prevención y control de la corrupción, el fraude y las faltas a la ética y probidad dentro del Poder Judicial de Costa Rica”, con el fin de conocer el estado actual de los controles existentes dentro de la institución y de esta manera generar propuestas de mejora en materia de prevención y control de amenazas.
Desde el año 2019, el Poder Judicial, a través de la Comisión de Transparencia, se propuso lograr el primer lugar en el índice de transparencia institucional, en la evaluación que al respecto realiza la Defensoría de los Habitantes. Dicho resultado se ha obtenido por dos años consecutivos, sea 2019 y 2020.
Además, como resultado de los diagnósticos emitidos en el marco de la cooperación internacional y en aras de cumplir con los compromisos institucionales de prevención, control y respuesta a las amenazas de corrupción, fraude interno y faltas a la probidad y ética, mediante sesión de Corte Plena N° 9-19 del 4 de marzo de 2019, se aprobó la formalización de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, la cual fue declarada de interés institucional. Dicha oficina se encuentra adscrita a la Comisión de Transparencia y en la actualidad se encarga de darle seguimiento a los planes y diagnósticos, así como a la ejecución de las acciones y proyectos de cooperación con la Embajada de Estados Unidos de América.